lunes, 17 de junio de 2013

Robo en Panificadora Esquel



EL TRIBUNAL PUSO NÚMERO A LA PENA

Los jueces Nelly García, Carina Estefanía y Alejandro Rosales decidieron por unanimidad imponer una pena de 10 años de prisión para Raúl A. Payalef y Roberto Alegre, 8 años de prisión a Jonathan Llanquitrú y 6 años a Silvana de Carmen Rodríguez. Por mayoría declararon reincidente a Alegre, con la oposición de la Dra. García que declaró de oficio la inconstitucionalidad de la reincidencia. La audiencia se extendió hasta entrada la tarde para tratar el pedido fiscal de continuidad de las medidas de coerción.

La decisión de los jueces estuvo centrada exclusivamente en el monto de la pena a imponer dentro de la escala habilitada por los tipos penales que tuvieron en cuenta al momento de dictar sentencia deresponsabilidad. Los defensores habían solicitado la aplicación del mínimo legal en tanto que el fiscal requirió una pena de diez años para los tres autores y siete años para la partícipe.
 
En su análisis los magistrados pusieron especial atención en la violencia desplegado en el hecho y en el impacto de que éste tuvo en la víctima. Señalaron que se trata de un hecho que por su grado de violencia se diferencia de los que se producen en la circunscripción, pero aunque se dieran hechos de esas características de modo reiterado, eso no agregaría ni quitaría responsabilidad sobre los autores por lo que en el caso concreto llevaron a cabo. La especificación fue dirigida al argumento de uno de los defensores que intentó relativizar el hecho, indicando que no se diferencia de otros similares que suceden frecuentemente en otras ciudades de nuestro país.

La valoración del daño, la premeditación tanto para la realización como para procurar luego la impunidad, el modo en que fue utilizada el arma de fuego que portaban, y otras características llevaron a los jueces a considerar un monto de pena cercano al máximo legal previsto. Respecto de Rodríguez se ponderó en su contra la confianza que tenía en ella la víctima por su relación laboral de años. A partir de allí sopesaron los atenuantes como la falta de educación formal completa por parte de todos los imputados, la juventud de Llanquitrú, la falta de antecedentes penales de éste y de Rodríguez y la situación social de vulnerabilidad que atravesaron en su niñez Payalef y Alegre.
Puestos en la balanza arrojaron como resultado las penas de diez años de prisión para Payalef y Alegre, de ocho años para Llanquitrú y de seis para Rodríguez.

Hasta que la condena quede firme

Algunos de los abogados defensores ya adelantaron que presentarán un recurso ante la Cámara Penal para que la sentencia sea revisada. Por el momento entonces, esta condena de primera instancia no quedará firme y los imputados aun no comienzan a cumplir la pena de prisión que se les impuso. Frente a esta situación el fiscal Martín Zacchino, siguiendo una resolución de la Procuración General que así lo dispone, pidió que continúe la prisión preventiva de Payalef y Alegre, ya que subsiste el peligro de fuga, mas aun ahora que saben el monto de pena que podrían cumplir. Respecto de Lanquitrú, entendiendo que cumplió durante todo el proceso con las medidas que se le impusieron y que comenzó a estudiar, lo que evidencia su intención de optar por conductas socialmente más valiosas, consideró el fiscal que podría seguir con prisión domiciliaria y gozando de los permisos especiales que tiene para salir a estudiar.
Finalmente en relación a Rodríguez que está en libertad, pidió que se le imponga arresto domiciliario, también por peligro de fuga.

Los defensores se opusieron a los pedidos. Horacio Hernández realizó algunas consideraciones generales que fueron tomadas por el fiscal como agravios, solicitando que se le dé copia certificada de los audios para iniciar las acciones legales que considere convenientes. Los jueces entendieron razonable el pedido y el defensor pidió también copia certificada para iniciar acciones por su cuenta ya que se sintió agraviado y perjudicado en el ejercicio de su rol.

Silvana Rodríguez había solicitado el cambio de abogado defensor y rechazó la posibilidad de que la siga representando Zapata en la audiencia. Se hizo un cuarto intermedio para que tome contacto con un defensor oficial y, finalmente a su respecto se dispuso una nueva audiencia para el día martes en la que estará representada por Omar López.

Los jueces concedieron las medidas tal como fueron solicitadas por la Fiscalía por coincidir en que existe peligro de fuga. Entendieron los magistrados que en esta instancia del proceso, no alcanza con la acreditación de arraigo, y la conducta de los imputados Payalef y Alegre evidencia que por sí solos no son capaces de respetar las medidas que se le impongan.
A pedido del defensor de Payalef, el martes dos jueces revisarán la medida impuesta a este imputado.

No hay comentarios: